Resumen: Se rechaza en la sentencia la existencia de indefensión por no haber obtenido la parte copia de una serie de declaraciones que había solicitado, ya que para acordarse la nulidad que se pretende debe hacerse sobre hechos concretos y no abstractos, sin que la parte explique en que le puede afectar tener o no las declaraciones solicitadas, siendo una de ellas la de su propio cliente, respecto de la estrategia defensiva que mantiene. Se ratifica la condena del recurrente por la comisión de un delito de apropiación indebida, consistente en que el citado, aprovechando que la perjudicada le entregó su vehículo para su reparación, lo incorporó a su ámbito dominical y lo enajenó a un tercero, ya que la convicción de que el acusado vendió el vehículo que la perjudicada le había entregado para que lo arreglase se fundamenta en unas pruebas personales como son las declaraciones que se mencionan en la sentencia, a las que se da credibilidad, sin que las contradicciones por hechos absolutamente secundarios desvirtúen tal conclusión, que en ningún caso puede considerarse como ilógica o irracional. Se desestima la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas ya que la pandemia del coronavirus COVID 19 obligó a suspensiones masivas de juicios y la acumulación de asuntos derivada de aquella circunstancia supuso un retraso en la causa, que no justifica el acogimiento de dicha circunstancia.
Resumen: El juzgado desestimó la pretensión del ejecutante de que considerara irregular su readmisión tras despido y acordó el archivo de actuaciones. La empresa alega que dio de alta a la trabajadora y le abonaba su salario aunque no le daba ocupación efectiva debido a la pandemia COVID, habiendola despedido con posterioridad. La Sala estima en parte su recurso en que solicitaba su reposición al puesto de trabajo que desempeñaba y se impusiera a la empresa una sanción pecuniaria e indemnización de daños y perjuicios apreciando que no ha existido readmisión real propiamente dicha pues la recomposición de la relación laboral requiere que el empresario readmita a la trabajadora despedida, es decir, que dé cumplimiento al fallo de la sentencia que declaro el despido como nulo, reincorporando a la trabajadora en su anterior puesto de trabajo, lo que no se ha producido. Por ello, al no haberse cumplido con la obligación de readmisión, el vínculo contractual previamente extinguido por el despido previo, como alega la parte recurrente, no puede entenderse rehabilitado, sin que el hecho de que la parte ejecutada no haya cumplido con su obligación de abonar el salario pueda entenderse como un despido tácito, que justifique el archivo de la ejecución, al no existir una conducta inequívoca que suponga la intención de poner fin a la relación laboral. Por ello ordena que siga la ejecución hasta que se produzca la efectiva readmisión adoptando las medidas previstas en la Ley Procesal a tal fin.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación expresa de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
